Pimem exige que Baleares tenga una ley propia de contratación pública
Las pequeñas empresas denuncian la falta de posibilidades que tienen, frente a grandes grupos, a los contratos con la administración
Redacción
Pimem de Mallorca reclama al Govern que redacte una ley balear específica sobre contratación pública, que facilite el acceso a los pequeños y medianos empresarios a estos contratos de servicio que oferta la administración. Esta propuesta la presentó ayer Jordi Mora, presidente de Pimem, que junto al experto economista Jaume Pallerols explicó las dificultades que tienen estas pequeñas empresas para acceder a estos concursos públicos, que en su gran mayoría se adjudican a las grandes empresas.
Mora recordó que las empresas pequeñas representan más del 98% del tejido empresarial. Sin embargo, este porcentaje no se refleja después en las adjudicaciones, ya que el nivel de contratos públicos que se consiguen apenas alcanza el 25%.
Como propuestas para eliminar esta desproporción, desde Pimem, además de exigir una ley específica balear sobre contratación pública, como tienen otras comunidades autónomas, considera que se debería aplicar una reserva del 25% de dichos contratos a las pequeñas y medianas empresas. También se quejan los representantes de estos empresarios de la falta de información que debería facilitar la administración, lo que impide la posibilidad de presentar ofertas para optar a la adjudicación de estos proyectos.
Jaume Pallerols, que es experto en contratación pública, explicó que las pymes vienen denunciando la desproporción de este porcentaje de adjudicaciones, con respecto a las grandes empresas, desde el año 2008 y todavía no se ha resuelto. Explicó que en el año 2014 Europa aprobó una nueva directiva, en la que se abogaba por potenciar la adjudicación a estas pequeñas empresas de servicios públicos. España tardó seis años en adaptar su normativa a esta directiva, pero aún así, según explicó el experto, no se ha mejorado los porcentajes de contratación, que siguen siendo muy parecidos.
El economista también abogó por aprobar una ley específica autonómica, ya que considera que se debería obligar por ley a que todas las administraciones, incluidas las empresas públicas, deberían dedicar un porcentaje de sus adjudicaciones a estas empresas pequeñas y medianas.
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